Hace unos días salió publicado en el Diari de Tarragona este artículo, que ilustra toda la polémica generada en torno al pago del IBI por la Iglesia Católica del que ya hemos hablado en este blog aportando 10 claves y una carta al director. Lo reproducimos a continuación íntegramente.

https://www.arguments.es/wp-content/uploads/comunicarlafe/2012/06/IMG_0142-1024x768.jpg" width="440" height="330" />

Aprovechando el malestar social que el estrangulamiento impositivo está generando entre la ciudadanía, algunos colectivos de izquierda han emprendido una campaña de denuncia contra de la fiscalidad que se aplica a la Iglesia Católica. En concreto, diversas organizaciones han exigido que esta institución pague el IBI religiosamente –nunca mejor dicho- al considerar que su exención constituye un privilegio injustificable. Las autoridades eclesiásticas han respondido defendiendo el actual marco jurídico, eso sí, sometiéndose a la potestad de los poderes públicos para decidir lo que estimen conveniente. No podía ser de otra manera, si acudimos al capítulo 22 del evangelio de San Mateo: “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Sin embargo, debería diferenciarse el lógico acatamiento de la Iglesia a las normas de la autoridad legítimamente constituida, y la sumisa rendición ante los tramposos argumentos de un laicismo que pretende desdibujar la realidad.

En primer lugar, algunos incitadores de esta campaña han afirmado que el régimen fiscal de la Iglesia Católica atenta contra los principios constitucionales. Falso. La Constitución del 78 no implanta un modelo laico sino aconfesional, lo que simplemente garantiza que ninguna religión tendrá carácter oficial ni será tratada de forma privilegiada. En ese sentido, debe destacarse que la exención del IBI se aplica de forma exactamente igual a todas las confesiones religiosas (católica, evangelista, musulmana, mormona…). Por cierto, convendría recordar a todos aquellos que siempre miran al norte europeo para obtener inspiración democrática, que casi todos los estados continentales con religión oficial son protestantes (por ejemplo, a día de hoy, la mitad del gobierno noruego debe profesar la religión luterana por mandato constitucional). Si lo nuestro es confesionalidad, no sé qué es aquello…

Por otro lado, se ha declarado que la Iglesia disfruta de un trato privilegiado frente a otro tipo de entidades. Falso. Para rebatir esta tesis, fruto de la ignorancia o la malicia, debería puntualizarse que la Ley de Mecenazgo 49/2002 exime del pago del IBI a todas las instituciones sin ánimo de lucro, tengan o no carácter religioso. Por lo tanto, están libres de este impuesto las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, los sindicatos, los colegios… ¿Tendría sentido que el despacho de Cándido Méndez no tributara y un comedor de Cáritas sí? Por si fuera poco, todos los inmuebles declarados patrimonio histórico tampoco están sujetos al impuesto. ¿Acaso este progresismo de pacotilla propugna que un hogar de acogida pague IBI y los palacios de la Duquesa de Alba no? Tampoco sería la primera vez que la especial idiosincrasia de nuestra izquierda, con sus mitos y fantasmas particulares, termina propiciando paradojas delirantes (su postura sobre la mentalidad islámica predominante, por ejemplo, justificaría una tesis doctoral).

También se ha alegado que eximir del tributo a una institución propietaria de un patrimonio inmobiliario de valor incalculable provoca un grave quebranto patrimonial a las arcas públicas. Falso. Si la Iglesia tuviese que tributar por sus ermitas y monasterios como si fuesen establecimientos del Burger King, probablemente se vería obligada a renunciar a gran parte ellos, en cuyo caso serían los poderes públicos los que tendrían que hacerse cargo de su mantenimiento, salvo que renunciáramos a la conservación de este legado histórico y artístico. ¿Pronóstico? Ya sabemos lo que pasó con gran parte del tesoro monumental desamortizado por Mendizabal: ruina y desaparición.

Por último, se insiste en defender que el sistema de financiación de la Iglesia supone para el Estado un gasto injustificable. Falso. Numerosos estudios demuestran que, si las instituciones públicas tuvieran que costear el trabajo social realizado por la Iglesia, el agujero económico que se abriría en sus cuentas sería descomunal. En la actualidad, más bien, inasumible. Sólo en España, la Iglesia pone a disposición de la sociedad 876 residencias de ancianos y enfermos terminales, 6022 colegios, 235 centros sanitarios, 321 guarderías, 73 centros de acogida penitenciaria, 54 centros de atención a toxicómanos, 22689 parroquias que realizan labores asistenciales, 365 centros de educación especial, 937 centros de cuidado infantil, 24 centros de atención a enfermos de sida… ¿Cuántos recursos públicos tendría que dedicar el Estado para hacerse cargo de esa ingente y necesaria labor? Por cuantificar sólo la vertiente educativa, la diferencia entre lo que gastan las instituciones por cada niño de la enseñanza pública, y lo que aportan por cada alumno de la concertada, supone un ahorro global para las arcas públicas de más de tres mil millones de euros anuales. ¿Por qué los colectivos laicistas se olvidan siempre de aportar estos datos?

Reconozco que la normativa tributaria y financiera aplicada a la Iglesia podría ser mejorada en diversos aspectos: vinculación de la exención a la función real del inmueble, avances hacia una mayor independencia económica, etc. Ahora bien, negar a la Iglesia el estatus fiscal que se aplica a cualquier organización similar no sólo constituiría una injusta discriminación flagrante, sino también un absurdo harakiri social. Todos los ciudadanos, católicos o no, deberíamos reconocer y respaldar la inmensa labor asistencial que lleva a cabo la Iglesia en los dramáticos tiempos que nos está tocando vivir: aquí también, al César lo que es del César. Incomprensiblemente, algunos individuos parecen incapaces de admitir esta realidad, cegados por su sectarismo. De hecho, teniendo en cuenta el momento escogido para iniciar su acoso mediático, no me cabe la menor duda de que su objetivo era reducir el número de equis dedicadas a la Iglesia Católica en la declaración de IRPF. Si su intención era esa, desde luego, conmigo han fracasado estrepitosamente.

Dánel Arzamendi Balerdi